La defensa del ex presidente argentino, Carlos Menem, solicitó a la corte que lo juzga por encubrir a los autores del atentado contra la AMIA, que lo releve del secreto de Estado.
Los abogados advirtieron, sin embargo, que si Menem finalmente declara, sus dichos podrían «afectar los intereses de la nación» y la «convivencia pacífica con otros países».
El ex mandatario, que el pasado 13 de agosto alegó problemas de salud a fin de no comparecer ante el Tribunal Oral Federal, tampoco se prestó a una indagatoria por videoconferencia tal como estaba previsto.
Menem (85) se desempeña como senador nacional. La justicia no puede obligarlo a comparecer debido a sus fueros. El ex presidente comparte el banquillo con otros 12 acusados. La gigantesca trama de encubrimiento que se les imputa incluye el desvío intencional de la investigación del atentado, la destrucción de evidencias para proteger a sospechosos, la construcción de pruebas y el pago de sobornos para propagar acusaciones falsas, la apropiación y el uso indebido de fondos públicos.
Entre los acusados figura el primer juez de la causa, Juan José Galeano, el entonces jefe de Inteligencia, Hugo Anzorreguy, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el ex comisario Jorge Palacios, y el máximo dirigente de la comunidad judía argentina en ese entonces, Rubén Beraja.
La investigación se centró desde un primer momento en la «pista iraní». Esta línea achaca el atentado a un comando de Hezbolá organizado y apoyado por Teherán.
El juicio oral que comenzó el 6 de agosto en Buenos Aires intentará desentrañar las maniobras que se urdieron para desestimar la «pista siria». Un ciudadano sirio y dos empresarios argentinos de ese origen cayeron en la mira de los investigadores en los días posteriores al atentado. Desde el entorno presidencial se intercedió para cortar de cuajo con estas pesquisas. El propio Menem es hijo de inmigrantes sirios. Recibió dinero del entonces presidente Hafez al-Assad para la campaña electoral que lo llevó a la presidencia en 1989, y luego nombró a ciudadanos sirios en altos puestos de su gobierno.
El tribunal investigará también el pago irregular de 400 mil dólares a Carlos Telleldín. Este negociante de autos robados para su reventa como vehículos o en autopartes fue acusado tras la voladura de la AMIA de haber armado el coche-bomba que supuestamente se utilizó en el ataque. En junio de 1996, Telleldín aceptó la oferta del juez interviniente en la causa, Juan José Galeano. Modificó su declaración inicial a cambio del dinero. En su nuevo testimonio involucró a cuatro policías de la provincia de Buenos Aires que pasaron ocho años en la cárcel. De la negociación con Telleldin participó también el banquero Rubén Beraja, por entonces titular de la DAIA.
La causa por encubrimiento se inició luego de que la justicia absolviera en 2003 a todos los procesados por el atentado. El tribunal determinó en su fallo que los tres poderes del Estado se habían confabulado para encontrar culpables falsos. En mayo de 2009, la Corte Suprema ordenó reabrirla. Hasta ahora Carlos Telleldín es el único imputado.
Cabe recordar que el ex fiscal Alberto Nisman - cuya muerte dudosa sigue siendo investigada - había imputado a seis ex funcionarios iraníes por la supuesta autoría intelectual del atentado. Nisman dijo haber identificado al conductor suicida: el libanés Ibrahim Hussein Berro.
Varios periodistas que investigan el atentado descreen de la teoría del coche-bomba. Este es el sustento principal de la «pista iraní».
A 21 años del atentado, lo único que no está en duda es la trama de encubrimiento. Los escombros de la AMIA por ahora sólo dejan ver el aceitado oficio de quienes no desean que se esclarezca el hecho. Desde el Ministerio de Justicia se espera que el juicio en marcha arroje luz sobre los responsables y la ejecución del ataque.
Se estima que el juicio oral se extenderá a lo largo de dos años. La querella está representada por las agrupaciones de familiares de las víctimas Memoria Activa, 18J y APEMIA, las organizaciones de la colectividad judía AMIA y DAIA, el Ministerio de Justicia y 10 policías incriminados con declaraciones falsas.
Entre los 181 testigos figura la presidenta Cristina Kirchner y el ex jefe operativo de la Secretaría de Inteligencia, Antonio Stiuso, hoy considerado un enemigo del Gobierno argentino.
Stiuso proveía a Nisman de información que este intentaba luego convertir en material de prueba. Su paradero se volvió incierto después de que el fiscal fue encontrado muerto en su departamento el pasado 18 de enero.
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