La Corte Suprema israelí ordenó la liberación de 1.200 personas indocumentadas que permanecían en el centro de internamiento para extranjeros Holot, en el desierto del Negev, en el sur del país, desde hace más de un año.

El alto tribunal, que viene ejerciendo en los últimos años como contrapeso a la deriva autoritaria de los sucesivos gobiernos del primer ministro Binyamín Netanyahu, ordenó ahora modificar por tercer vez la Ley de Inmigración, que permitía el internamiento de indocumentados por un periodo máximo de 20 meses.

Los magistrados también prohibieron el encarcelamiento de los demandantes de asilo procedentes de Ruanda y Uganda que se nieguen a abandonar el país.

A pesar de contar con unas de las fronteras más protegidas del mundo, la pujante economía de Israel sigue siendo un foco de atracción para miles de infiltrados clandestinos, sobre todo los de países subsaharianos que intentan cubrir la demanda de mano de obra no cualificada.

Las restricciones a la circulación de los trabajadores palestinos para acceder a empleos en Israel generó un vacío en el mercado laboral que está detrás de este nuevo fenómeno migratorio.

La ONU tenía registrados en Israel en 2014 unos 53 mil refugiados y demandantes de asilo, la mayoría de los cuales entraron en Israel a través de la Península del Sinaí, de los que 36 mil procedían de Eritrea y 14 mil de Sudán.

La ONG Human Rights Watch denunció el año pasado que Israel forzó la salida de unos 7 mil inmigrantes africanos, en contra de las normas internacionales y de la propia legislación israelí.

«Muchos de ellos permanecieron detenidos casi de forma indefinida como medida coercitiva y al final prefirieron abandonar Israel», explicó la ONG humanitaria en su página web.

Para el Gobierno israelí no se trata de inmigrantes irregulares ni de demandantes de asilo, sino de infiltrados en un país con estrictas medidas de seguridad. La agencia de la ONU para refugiados, ya había criticado la excesiva duración del periodo de internamiento en los centros para extranjeros.

La titular de Justicia, Ayelet Shaked, del partido ultranacionalista religioso Habait Haiehudí, es una de las principales impulsoras de la política de mano dura con la inmigración irregular.

La ministra promueve también una reforma legal para dificultar que la Corte Suprema revise la leyes aprobadas por el Parlamento en el que la coalición de Netanyahu cuenta con una mayoría de un solo voto.

Shaked anunció al conocerse el fallo del Supremo que publicaría en las redes sociales vídeos en los que se mostraba la intolerable situación de la vida de los vecinos del sur de Tel Aviv, la zona del país con mayor presencia de indocumentados y con menor nivel de renta.

Una de las grabaciones que difundió se titulaba «Un refugiado sudanés golpea a una niña», y mostraba una supuesta agresión en un barrio de la ciudad.

La ministra de Justicia tuvo que retirar el vídeo de su página en Facebook tras comprobarse que fue grabado en Turquía y no en Tel Aviv.

«Hubo un error», reconoció más tarde en declaraciones a la radio militar Galei Tzáhal.

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