El jefe negociador palestino, Saeb Erekat, desmintió los informes de que Israel y la Autoridad Palestina (AP) están a punto de llegar a un acuerdo que permita que las negociaciones continúen más allá del plazo fijado para el 29 de abril.

«Los informes sobre progresos son falsos», expresó Erekat en una entrevista otorgada al diario palestino «Al Ayyam». «Las diferencias siguen siendo muy grandes», agregó.

El Canal 2 israelí informó el viernes en base a fuentes norteamericanas que Israel y Estados Unidos estaban a punto de finalizar un acuerdo para prolongar las tratativas por otros nueve meses.

Sin embargo, fuentes israelíes oficiales manifestaron que los informes sobre progresos son infundados.

Erekat se reunió con su contraparte israelí, la ministra de Justicia, Tzipi Livni, y con el enviado especial norteamericano, Martin Indyk, para dialogar sobre la posibilidad de extender las negociaciones. En la reunión también estuvieron presentes el abogado Itzjak Moljo, delegado del primer ministro, Binyamín Netanyahu, y el jefe de Inteligencia palestino, Majeh Farah.

De acuerdos con los reportes, los términos del acuerdo serían similares a las propuesta anteriores: Israel aceptaría excarcelar al último grupo de 26 terroristas palestinos, detenidos antes de los Acuerdos de Oslo, en 1993, - incluyendo a 14 árabes con ciudadanía israelí – y a otros 450 terroristas palestinos que habrían perpetrado crímenes menores. A cambio, Estados Unidos liberaría a Jonathan Pollard, encarcelado por espionaje desde hace 29 años.

Por su parte, el ministro de Exteriores de la AP, Reyad al-Malki, exigió imponer sanciones contra Israel por violar las leyes y convenios internacionales en territorios palestinos.

Al Malki afirmó en una conferencia de prensa que la amenaza de Israel de tomar represalias contra la AP por recurrir a la ONU «es una continuación de la política del Gobierno israelí basada en violar la ley internacional».

El canciller palestino señaló que la decisión de la AP de unirse a las agencias y tratados internacionales «jamás puede ser considerada como violación a las leyes internacionales, por el contrario, es nuestro derecho legal».

A su vez, numerosos comerciantes y operarios palestinos denunciaron que Israel les retiró la exención fiscal de la que disfrutaban al cruzar por los principales pasos fronterizos con Cisjordania, informó el diario «Haaretz».

El permiso les permitía entrar a trabajar en Israel, que después se encargaba de trasladar los impuestos a la Autoridad Palestina, según el protocolo económico de los Acuerdos de Oslo.

Fuentes de seguridad de la AP informaron al rotativo que las fuerzas israelíes en el paso de control de Jálame, en el norte de Cisjordania, comenzaron a retirarles los certificados pertinentes, en una aparente sanción por el estancamiento de las negociaciones.

El Gobierno Netanyahu tomó en los últimos días varias medidas de presión, entre ellas las de suspender los contactos entre altos funcionarios de ambos Ejecutivos y la posibilidad de suspender la transferencia de la recaudación de impuestos que realiza en su nombre a operarios y comerciantes.

Se trata de unos 110 millones de dólares, una cifra que representa dos tercios del presupuesto de rutina de la AP.

«La decisión es una violación del derecho internacional», se quejó Erekat, que la describió como «un robo del dinero del pueblo palestino».

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