La campaña palestina de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) internacional, que en las últimas semanas ganó presencia en medios de comunicación y círculos políticos, está generado «un pánico real» en el Gobierno israelí, aseguró su director, Omar Barguti.

«El movimiento BDS está generando un pánico real dentro del Gobierno israelí, que la semana pasada convocó una reunión especial para debatir las formas de combatir esta amenaza», informó Barguti en una rueda de prensa en la localidad de El Bire, cerca de Ramallah.

Representantes de uniones sindicales, mujeres, organizaciones religiosas cristianas e islámicas se reunieron en esa ciudad de Cisjordania para analizar el alcance de la campaña, que en las últimas semanas se vio potenciada después de que se supiera que la actriz Scarlett Johansson era la imagen de un anuncio publicitario de la firma israelí Sodastream con sede en el asentamiento judío de Maalé Adumim.

Barguti, uno de los promotores del boicot a Israel, afirmó que sus acciones alcanzaron este año un «punto clave» para que los palestinos vean concretados «sus derechos bajo el amparo del derecho internacional».

«El Gobierno israelí está entrando en pánico por el rápido crecimiento de BDS en todo el mundo, en particular en países considerados por Israel como sus más estrechos aliados: Estados Unidos, Alemania y Holanda, entre otros», subrayó.

El primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, reunió la semana pasada a sus ministros más próximos para estudiar las posibles consecuencias del boicot y aunque el ministerio de Industria y Comercio no barajó cifras, uno de sus funcionarios reconoció que el tema es seguido de cerca.

Barguti, cofundador del movimiento, consideró que con ello «Israel reconoció oficialmente que BDS es una amenaza estratégica a su régimen de ocupación, colonización y apartheid».

Los participantes en la reunión abordaron también el impacto económico que la campaña puede generar en Israel, al hacer un repaso de algunos «éxitos» recientes como la retirada de la compañía de agua Veolia de una subasta en California para un contrato millonario.

También recordaron la ola de desinversiones en empresas israelíes de algunos fondos y entidades bancarias europeas.

En la reunión, los activistas de BDS abordaron también los supuestos planes del Gobierno israelí de destinar 100 millones de shékels (unos 29 millones de dólares) para combatir su campaña a través de acciones legales o incluso el uso de los servicios secretos.

En esta misma línea, la Corte Suprema israelí rechazó invalidar la ley antiboicot que desde 2011 permite emprender acciones legales contra organizaciones o individuos que promuevan el boicot a Israel o a una institución israelí, y que fue criticada por violar la libertad de expresión.

Algunos de los ponentes recordaron igualmente las presiones del lobby israelí en el Congreso norteamericano para prohibir la financiación de organizaciones que apoyan la campaña.

«Están tratando de aprobar propuestas que criminalizan el BDS y eso es un regalo para nosotros», agregó Barguti.

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