En vísperas de que los palestinos sometan su solicitud para elevar su estatus en la ONU, Israel sabe que tiene la batalla perdida de antemano y que apenas puede arrancar apoyos simbólicos de algún que otro país.

Según estimaciones del ministerio de Exteriores israelí, serán pocos los estados que se opongan a la medida, como Estados Unidos, Canadá, la República Checa y quizás Alemania, que duda entre la abstención y el voto negativo.

Y entre los países de la Unión Europea se espera que de doce a quince voten a favor de la demanda palestina, entre ellos España, Malta, Irlanda, Portugal, Luxemburgo, Suecia, Bélgica y Francia.

Mientras, el Reino Unido e Italia aún se desconoce de qué lado se decantarán, lo que llevó a diplomáticos israelíes a tratar de convencerles de que, al menos, se abstengan.

Los analistas auguran que el presidente palestino, Mahmud Abbás podría obtener una mayoría de entre 130 a 150 naciones a favor de su petición, que equipararía el estatus de Palestina al del Vaticano, opción que le habían recomendado seguir distintos países a la luz de que en 2011 fuera bloqueada otra iniciativa para lograr la adhesión plena como Estado a la organización por la oposición de EE.UU.

Ante este panorama, el Gobierno israelí analiza ya las posibles represalias. La posición sobre el Estado palestino que muestra Israel, apoyada por Washington, es rechazar cualquier reconocimiento de Palestina como Estado al entender que debe ser avalado y establecido sólo en un proceso negociador entre las partes en conflicto.

«Nosotros continuamos el diálogo con los países que quieren escuchar nuestros argumentos para explicarles por qué este paso es contraproducente, por qué no va contribuir a la paz y la estabilidad en la región, ni al establecimiento de un Estado palestino», declaró Lior Ben Dor, portavoz de la cancillería israelí.

Ben Dor advirtió que si los palestinos «adoptan esa medida unilateral que viola los Acuerdos de Oslo, Israel se reserva el derecho de tomar algunos pasos unilaterales», que no detalló.

La magnitud de la respuesta israelí a la iniciativa palestina dependerá en gran medida de lo que haga Abbás una vez obtenido el nuevo estatus, según expresó recientemente el jefe del Consejo de Seguridad Nacional israelí, Yaakov Amidror.

Amidror calificó de «principalmente simbólica» la iniciativa palestina y aclaró antes de revelar ninguna de las medidas que se analizan: «Tendremos que esperar a ver lo que hace Abbás, y luego actuar».

Fuentes diplomáticas citadas por la prensa hebrea revelaron que la Unión Europea y Estados Unidos urgieron a Israel a no sobre-actuar ante la demanda palestina y esperar a ver cuál es el siguiente paso antes de adoptar acciones irreversibles.

Los medios israelíes apuntan a dos corrientes diferenciadas en el seno del gabinete israelí respecto a qué medidas habría que adoptar y cuándo habría que adoptarlas en respuesta a la demanda de Abbás.

Una de ellas, encabezada por el ala más radical del Gobierno y expresada sin tapujos por el titular de Exteriores, Avigdor Liberman, aboga por «hacer que la Autoridad Palestina (AP) colapse».

La segunda, liderada por el primer ministro, Binyamín Netanyahu, se inclina por tomar acciones punitivas, principalmente de carácter económico, como la suspensión de fondos que Israel recolecta para la AP inmediatamente después de que prospere la demanda palestina.

Los defensores de este enfoque arguyen que el espacio de maniobra israelí es limitado tras la última ofensiva en Gaza y que si la AP se hunde, la coordinación en materia de seguridad se interrumpiría, lo que iría en perjuicio de Israel.

Y sólo en caso de que el presidente palestino presentara demandas contra funcionarios israelíes ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Israel procedería a considerarlo un elemento hostil y trabajaría para hacer caer su gobierno con medidas de carácter político.

Otra de las represalias que se barajan, según distintos medios, es expandir la construcción de asentamientos judíos.

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