Más de 7.500 personas murieron en la insurrección en Siria, según informó el funcionario de la ONU, Lynn Pascoe, ante el Consejo de Seguridad. Mientras la masacre continúa en las calles de Siria, funcionarios del gobierno continúan con la guerra de declaraciones. 

«Nadie se preocupa más por el pueblo sirio que su gobierno», dijo el ministro de Exteriores, Walid Moallem. «No estamos felices de ver a nuestros hermanos matándose unos a otros», aseguró. Sus palabras van en contra de los activistas de la oposición y los líderes mundiales que dicen que la represión del régimen mató a miles de personas.

La presión contra Damasco aumenta debido a que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reunió en Ginebra para escuchar un informe más que asegura que los funcionarios del gobierno sirio son los responsables de «crímenes de lesa humanidad» cometidos por las fuerzas de seguridad contra miembros de la oposición.

Al menos 104 personas, entre ellas tres mujeres y dos niños, murieron este martes en Siria, dieron a conocer los Comités de Coordinación Locales de Siria, una red de activistas de la oposición.

En Homs, bastión de la oposición, se registraron 50 muertos en la ciudad que fue golpeada por las fuerzas del gobierno durante más de tres semanas. De ellos, 26 murieron en otra masacre en el barrio de Baba Amr de la ciudad, dijeron los Comités de Coordinación Locales. Y en los suburbios de Hama, 35 más murieron y cientos resultaron heridos en el quinto día de bombardeos.

Otro grupo de la oposición, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, dijo que cinco miembros del Ejército murieron en enfrentamientos con soldados desertores en la provincia de Daraa.

Los medios de comunicación no pueden verificar independientemente los informes de la oposición o del gobierno debido a que Siria mantiene muy limitado el acceso a los periodistas extranjeros. Pero la gran mayoría de los informes en el terreno indican que las fuerzas del gobierno están masacrando a los ciudadanos en un intento de acabar con los civiles que buscan el derrocamiento del presidente Assad.

Moallem aseguró que nadie se muere en Siria a causa del hambre o la enfermedad, y dijo que a pesar del boicot económico internacional, su gobierno está proporcionando todos los servicios necesarios.

La Comisionada de Derechos Humanos, Navi Pillay, dijo al Consejo que su oficina recibió «reportes inquietantes del rápido deterioro de los derechos humanos y la situación humanitaria. Los reportes recientes también indican que el Ejército sirio y las fuerzas de seguridad emprendieron campañas de arrestos masivos, por lo que detuvieron de forma arbitraria a miles de manifestantes y activistas».

Las ciudades de Hama y Homs padecieron la mayor parte de la violencia, aseguró. Los residentes no pueden obtener comida, agua o medicamentos, ni acudir a hospitales. Los hospitales en sí mismos están desbordados, por lo que ciudadanos instalaron clínicas improvisadas donde faltan medicamentos.

Algunos reportes sugieren que más de 500 niños fueron sido asesinados desde que la revuelta comenzó en marzo de 2011, según Pillay. El gobierno sirio reportó 2.493 civiles y 1.345 soldados y policías muertos entre marzo de 2011 y enero de 2012. Pero Pillay dijo que, según la información disponible en su oficina, los muertos podrían exceder estos números.

La Unión Europea aplicó nuevas sanciones contra el gobierno sirio. La UE congeló los activos de los siete ministros del régimen de Assad. A los ministros también se les negó la entrada a la UE. Además, el organismo internacional congelará los activos del Banco Central de Siria en la UE.

Las decisiones «ponen más presión sobre aquellos que son responsables de la despiadada campaña de represión en Siria», dijo en un comunicado Catherine Ashton, jefe de la política exterior. «Las medidas son dirigidas al régimen por su capacidad de llevar a cabo la terrible violencia contra los civiles. Mientras continúe la represión, la UE mantendrá la imposición de sanciones». 

La Comisión Internacional de Investigación dijo en su reporte que grupos de la ONU que investigan crímenes podrían identificar a los autores, y que se había entregado una lista de presuntos responsables a la oficina de Pillay.