El Parlamento israelí volverá a estudiar en este periodo de sesiones una propuesta de ley que pretende limitar las donaciones extranjeras a ONGs de izquierda y defensoras de los derechos humanos.

Ayelet Shaked y Robert Ilatov, dos diputados de los partidos ultranacionalistas de derecha, Habait Haiehudí e Israel Beiteinu, respectivamente, presentaron una nueva versión de la ley, que el anterior Gobierno rechazó tras la oposición de la Fiscalía General, que la consideró inconstitucional por violar la libertad de expresión y de asociación.

La nueva propuesta legislativa limita a 20.000 shekels - alrededor de 6.000 dólares - los donativos que una ONG puede recibir de una entidad política extranjera si rechaza la existencia de Israel como Estado judío y democrático.

La propuesta también afectaría a una ONG que pida el boicot, desinversión o sanciones contra Israel o sus ciudadanos; promueva la imputación a soldados israelíes en el extranjero, incite al racismo o apoye la lucha armada de un Estado enemigo u organización terrorista contra Israel.

«Gobiernos extranjeros están involucrados, a través del apoyo a organizaciones extremistas, en un constante intento para acabar con la naturaleza judía y democrática del Estado de Israel», declaró Shaked, citada por varios medios locales, y añadió que es «impensable» que Israel tolere un entrometimiento sin límites de países extranjeros que afecte a su naturaleza y sus valores».

«La democracia israelí se encuentra bajo un doble ataque. El dinero extranjero distorsiona la fortaleza y voluntad del votante israelí y da a una minoría extremista más poder de expresión», afirmó Ilatov.

La iniciativa es rechazada por grupos de centro e izquierda, que la consideran antidemocrática, así como por organizaciones humanitarias y defensoras de los derechos humanos.

Zehava Gal-On, que encabeza el partido de izquierda Meretz, declaró que la propuesta «tiene como objetivo dañar a las organizaciones de derechos humanos» y señaló que «restricciones de este tipo existen solo en regímenes no democráticos».

Gal-On recordó que estas organizaciones «no reciben dinero del Gobierno por la ética profesional las caracteriza» ya que el objeto de su trabajo es precisamente «la crítica a las autoridades estatales».

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