El embajador de Israel ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Eviatar Manor, acusó a Hamás de estar cometiendo crímenes de guerra con los ciudadanos israelíes, al tiempo que rechazó las reacciones de «exabruptos» a la actuación de su país en la ofensiva militar en la Franja de Gaza.

«Israel destruirá las infraestructuras militares de Hamás», afirmó Manor, durante el debate monográfico sobre la situación en Gaza, minutos después de que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, asegurara que existe «una gran posibilidad» de que Israel cometió crímenes de guerra en su ofensiva en el la franja palestina.

«Los residentes de Gaza no son nuestro enemigos. Israel está plenamente comprometido con el derecho internacional», aseguró Manor.

Por su parte, el ministro de Exteriores de la Autoridad Palestina (AP), Riad al-Maliki, hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que ponga fin a la impunidad de Israel y le lleve ante la justicia por los «crímenes» cometidos con su ofensiva en Gaza.

«Israel tiene que rendir cuentas por sus crímenes», afirmó el jefe de la diplomacia de la AP, en un discurso muy aplaudido.

Al Maliki destacó que el presidente de la AP, Mahmud Abbás, está trabajando a conciencia «con todas las partes» para lograr un acuerdo de alto el fuego permanente para «proteger» al pueblo palestino.

Algunas horas antes, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, denunció que los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra Gaza podrían constituir crímenes de guerra.

«Los ejemplos que acabo de mencionar (descripción de ataques israelíes contra civiles indefensos) parece que muestran que la ley humanitaria internacional fue violada hasta un alcance que podrían constituir crímenes de guerra», señaló Pillay ante el Consejo que celebró una sesión especial sobre la incursión israelí.

Pillay comenzó su declaración recordando que los ataques israelíes causaron la muerte de 600 palestinos - entre ellos al menos 147 niños y 74 mujeres -, el 74% de los cuales eran civiles.

La Alta Comisionada señaló también que 29 soldados y 2 civiles israelíes murieron durante estos ataques.

Pillay destacó que los civiles y sus hogares no deben ser objetivos militares.

«Las casas de civiles (en Gaza) no son objetivos legítimos, a menos que sean usados o contribuyan a propósitos militares. En caso de duda, las casas de civiles no son objetivos legítimos», afirmó.

La Alta Comisionada calificó como «inaceptable» que se lancen cohetes desde áreas densamente pobladas, como hace Hamás, «sin embargo, la ley internacional es clara: las acciones de una parte no absuelven a la otra de su responsabilidad de respetar sus obligaciones bajo la ley internacional».

Pillay se hizo eco del argumento israelí de que alerta antes de atacar, pero recordó que esos avisos deberían ser claros, creíbles y dejar suficiente tiempo para que las personas se protejan.

Sin embargo, a la población «no se le da suficiente tiempo para dejar sus hogares, y aunque lo hagan, no tienen donde esconderse ni saben cuándo ni dónde será el próximo bombardeo».

Pillay recordó, que uno de estos proyectiles lanzados supuestamente para alertar, destruyeron un techo y mataron a tres niños, hizo especial hincapié en el alto precio que pagan los niños y recordó el caso de cuatro menores que perdieron la vida y otros siete quedaron gravemente heridos mientras jugaban en la playa.

«La indiferencia por la ley humanitaria internacional se hizo evidente cuando bombardeos aéreos y navales atacaron directamente a siete niños que jugaban en la playa y que obviamente no estaban participando de las hostilidades».

Pillay reiteró a todas las partes del conflicto «Israel, Hamás y otros grupos armados palestinos» que apliquen la ley internacional y dejen de tener como objetivo a los civiles.

También pidió el inmediato levantamiento del bloqueo al que Israel tiene sometida a la población de Gaza y recordó que desde el 12 de junio Israel detuvo a más de 1.200 palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este, muchos de los cuales se encuentran en detención administrativa, lo que significa que están presos sin que pesen sobre ellos ningún cargo.

«En Cisjordania, Israel continúan expandiendo sus asentamientos, demoliendo hogares palestinos, usando excesivamente la fuerza, abusando de forma continuada y viola constantemente los derechos humanos de la población ocupada».

«La cultura de impunidad ante las alegaciones de violaciones de derechos humanos invita a más transgresiones y más víctimas. Todas las alegaciones deben ser investigadas, y hasta ahora, no lo fueron», añadió Pillay.

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