La Secretaria de Estado norteamericana, Hilary Clinton, aseguró que su país espera que las autoridades militares de Egipto transfieran el poder a un gobierno civil elegido democráticamente. Los Hermanos Musulmanes afirmaron que respetan el fallo de la corte de Egipto que declaró la inconstitucionalidad de las recientes elecciones parlamentarias.
La Corte Constitucional de Egipto declaró que, el conjunto de la Cámara Baja del Parlamento será disuelto y una nueva elección tendrá que ser celebrada, argumentando que la ley sobre la cual las recientes elecciones se llevaron a cabo es contraria a las normas de la Constitución de Egipto.
El tribunal también dio a Ahmed Shafik, el último primer ministro de Hosni Mubarak, luz verde para continuar con su candidatura a la presidencia, cuando se pronunció en contra de una ley que lo habría expulsado de la carrera.
Frente a esta situación, Clinton, evitando hacer comentarios específicos sobre la decisión del tribunal egipcio de disolver el Parlamento islamista recién electo, declaró a los periodistas que «no puede haber marcha atrás en la transición democrática convocada por el pueblo egipcio».
La segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Egipto entre Shafik y el representante de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Mursi, se llevará a cabo este sábado y domingo.
Mursi dijo que respeta el fallo judicial que declaró inconstitucional las normas bajo las cuales el Parlamento dominante islamista egipcio fue electo; así como la decisión de la Corte Suprema de Justicia Constitucional para permitir que su rival, Shafik, permanezca en carrera a pesar de haber dicho que el fallo era «insatisfactorio"»
Mientras tanto, los manifestantes lanzaron piedras a cientos de soldados y reclutas de seguridad del Estado que custodiaban el edificio, que fue rodeado con rollos de alambre de púas. En contraataque las fuerzas de seguridad comenzaron a descargar decenas de cajas de granadas de gas lacrimógeno contra los provocadores.
La corte egipcia rechazó una ley aprobada por el Parlamento dominado por los islamistas en abril, que negaba derechos políticos a cualquier persona que mantuvo un alto cargo en el partido de gobierno, o gobernante, en la última década del régimen de Mubarak.
La disputa legal se suma a la incertidumbre en torno a una elección que se supone que debe sellar la transición a la democracia después del derrocamiento del régimen de Mubarak, pero deja al descubierto las profundas divisiones sobre la gobernación de Egipto.
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