Todo país tiene derecho a determinar reglas y leyes de entrada a su territorio. De hecho, todos los países del mundo lo hacen. En todas las fronteras, en todos los continentes, hay controles ordenados. Que también existan quienes los violan, es un tema aparte.

Israel no es la excepción. Aunque no lidiara con los serios problemas de seguridad que le acosan, también tendría derecho a determinar quién puede entrar a su territorio y quién no. Por lo tanto, es legítimo que le preocupe el creciente fenómeno de la infiltración ilegal de africanos en el sur, a través de la frontera con Egipto, en el Sinaí.

No se trata de una huída directa y caliente de un lugar en el que esa gente sufre, ya que el único país de África con el que Israel tiene frontera es Egipto. En numerosos casos, quienes logran infiltrarse a Israel lo hacen tras haber pasado meses y a veces hasta años en territorio egipcio. Salen de sus países, intentan suerte en Egipto, a veces con la intención de ver la posibilidad de permanecer allí y otras ya con el pensamiento de usarlo sólo de trampolín hacia Israel.

Las condiciones en Egipto y el mal trato que reciben a menudo, son en general determinantes en su decisión final de arriesgar su propia vida en el intento de llegar a territorio israelí.

En medio de la seria polémica que se ha desatado estos días en Israel, y muy especialmente de varios incidentes violentos que se han registrado más que nada en el sur de Tel Aviv contra infiltrados africanos, nos parece oportuno recordar por qué llegan, por qué intentan cruzar la frontera para concretar el deseo de entrar a Israel. Lo hacen porque saben que allí pueden tener perspectivas de mantenerse, de trabajar; porque saben que en Israel recibirán trato humano y porque oyeron muchas veces que el Estado judío es un país en el que se respeta la dignidad de la gente.

Quizás también suponían que en Israel, como en el resto del mundo, no viven ángeles sino gente de carne y hueso. Que también en su seno hay extremistas y racistas que no los querrían. Al parecer, lo que habían oído de Israel superaba en potencial positivo a los temores naturales, propios de la situación.

Sería exagerado decir que Israel los abrazó, pero a grandes rasgos, la realidad con la que se toparon al llegar justificaba su deseo de arriesgarse cruzando desde Egipto. Recibieron comida y atención médica inicial, organizaciones de derechos humanos israelíes les prestaron ayuda y municipalidades, más que nada la de Tel Aviv, tomaron diversas iniciativas, en el marco de su propio presupuesto, para apoyarlos. Israelíes «de a pie», ciudadanos comunes, les extendieron una mano.

De parte de las autoridades, la política no fue clara desde un principio. La infiltración ilegal no fue vista por cierto con buenos ojos, pero no se sabía demasiado cómo proceder, todo por intentar maniobrar entre consideraciones morales, internas y jurídicas. Repatriar «en caliente» no se podía en general, porque los infiltrados corrían riesgo de muerte por ello. Recibirlos como parte integral de la sociedad israelí, tampoco era una fórmula a considerar siquiera, aunque sí se dio permiso de residencia permanente y cédula israelí a una pequeña parte de los infiltrados, reconocidos como refugiados.

Hoy el problema adquirió tales dimensiones que ya es realmente urgente hallarle solución. Hay gente que duerme en el parque Levinsky en el sur de Tel Aviv porque no tiene alternativa, y ello no es bueno ni para esos ilegales ni para los residentes en la zona.

En muchos lugares oímos personalmente testimonios, inclusive de trabajadores extranjeros legales, provenientes de otros sitios, que se quejan de la problemática que supone la presencia de todos esos infiltrados de África, en condiciones complejas, en sus propios edificios.

No es la primera vez que el gobierno israelí reacciona lento y tarde, como si captara súbitamente la dimensión del problema, aunque hacía mucho tendría que haberse puesto a pensar. Ahora parece querer tratar con urgencia este desafío.

Lo que aumentó la percepción de urgencia son dos tipos de incidentes especialmente preocupantes: la violencia de ilegales que han participado en robos y asaltos e inclusive intentos de violación, y, por otra parte, la reacción desenfrenada de algunos israelíes que atacaron africanos no involucrados en problemas, azuzados en cierta medida por algunos políticos irresponsables.

El caso reciente de unos jóvenes de Eritrea que intentaron violar a una joven destapó la botella. El que ella logró resistirse no cambió nada. Habitantes de la zona sur de Tel Aviv, en la que se concentran 25.000 de los infiltrados ilegales, sostienen que sus barrios cambiaron, que sienten que no viven en su país y más que nada, que temen por sus mujeres y por sus hijas, que no vuelvan tarde a la noche.

Por otro lado, esto ha llevado a una manifestación hace pocos días en el sur de Tel Aviv, que se excedió de los límites de la legítima protesta, registrándose ataques violentos a negocios y a trabajadores africanos en la zona. Los ánimos estaban más que caldeados y fueron azuzados inclusive por políticos que se hicieron presentes, diciendo una de las diputadas del partido Likud que «los sudaneses son un cáncer en nuestro cuerpo y haremos todo lo necesario para devolverlos a su lugar de origen».

Tanto el presidente del Parlamento israelí, Reuven Rivlin, también del Likud, como el propio primer ministro Binyamín Netanyahu, condenaron, como correspondía, esas declaraciones. Rivlin recalcó que «entendemos la preocupación de la gente del sur de Tel Aviv, pero las figuras públicas deben actuar con responsabilidad y por cierto no usar lenguaje que los antisemitas usan contra nosotros».

Hace unos días, el ministro de Interior Eli Yishai, del partido ultraortodoxo Shas, quien exige medidas terminantes para expulsar de inmediato a todos los infiltrados ilegales, dijo que «casi todos ellos son criminales». Tendría que estudiar un poco de historia este ministro antes de abrir la boca o quitarse la kipá de la cabeza antes de hablar con falta de responsabilidad. ¿La mayoría son criminales? Pues que la policía entre en acción y se tomen las medidas del caso en el marco de la ley.

Según datos oficiales, ya son 62.000 los infiltrados, provenientes en su gran mayoría (53.000) de Eritrea y Sudán, aunque hay también varios cientos de Congo y algunos miles de Sudán del Sur, Etiopía, Ghana, Nigeria y Costa de Marfil. Desde el 2006, cuando comenzó el fenómeno, 650 han sido reconocidos oficialmente como refugiados. El gobierno sostiene que casi todo el resto entran a Israel para buscar trabajo, no porque merezcan estatuto de refugiados. Organizaciones de derechos humanos responden que es tal el volumen de la infiltración que Israel no ha cumplido con su compromiso para con la ONU de estudiar cada caso a fin de determinar quiénes deberían realmente ser reconocidos como refugiados y quiénes sólo buscan trabajo.

Claro que el trasfondo es complejo. Las Naciones Unidas prohíben devolver a los infiltrados a sus países de origen cuando se trata de Eritrea, Sudán y Congo, debido a la situación reinante en todos ellos: peligro de muerte, serias persecuciones y alevosas violaciones de los derechos humanos de los ciudadanos. Por otra parte, en ninguno de los otros países de los que llegan infiltrados africanos a Israel a través de Egipto, reina gran estabilidad ni hay prosperidad. Israel sostiene, sin embargo, que no puede resolver solo los problemas de cientos de miles o millones en África que necesitan buscar un horizonte mejor.

El propio jefe de la Policía, Yohanán Danino, criticó el hecho que no se permite a los infiltrados trabajar. Si bien entraron al país ilegalmente, hasta que se solucione su situación, y más que nada cuando se trata de ciudadanos de países que según la ONU deben recibir «protección colectiva», no se los expulsa. Pero al mismo tiempo, no gozan de derechos sociales ni tienen permitido trabajar. «Hay delincuencia de supervivencia», explicó Danino.

Al no tener servicios sociales ordenados, los ilegales reciben tratamiento médico sólo en clínicas de organizaciones israelíes de derechos humanos que no dan abasto con todo, o en caso que sus vidas corran peligro, en cualquier hospital del país. Pero las autoridades hospitalarias sostienen que es urgente ordenar su atención, no sólo por las enormes deudas que nadie paga por la atención, sino por el hecho que entre los llegados de África hay gente con tuberculosis y otras enfermedades que ya no son comunes en Occidente pero que ellos traen consigo de sus países de origen.

Un área donde todo parece ser mejor, es la educación, dado que todos los niños pueden acceder a las escuelas, aunque sus padres no estén en el país de modo legal.

Especialmente simbólico es el caso de la escuela Bialik-Rogozin, ubicada en el sur de Tel Aviv, en la cual un altísimo porcentaje de los alumnos son hijos de trabajadores extranjeros legales y de infiltrados ilegales que viven en la zona. El mosaico multicolor enriquece a ambas partes, a los israelíes y a los extranjeros, y cabe señalar que en realidad, entre los nativos hay también hijos de ilegales llegados del exterior que están hace años trabajando en el país y aquí tuvieron a sus niños.

El gobierno trata ahora el tema de los ilegales con urgencia, viendo cómo maniobrar entre sus propias limitaciones y su deseo de preservar la identidad de la sociedad israelí, su compromiso para con convenciones internacionales que regulan temas de refugiados, las consideraciones morales y de derechos humanos y la ley. Una de las medidas que podrían resultar más efectivas, es terminar rápidamente la construcción de la barrera que está siendo erigida en la frontera con Egipto en el sur, para impedir físicamente que la gente pueda pasar.

Pero esto servirá, cuando esté terminado, de cara al futuro. Por ahora, las noticias sobre el obstáculo que está en construcción, no ha hecho más que acelerar el flujo de los ilegales, que están llegando a un ritmo de 2.000 por mes. Si bien ha habido algunos casos de devolución «en caliente», en general los africanos saben que al entrar a Israel, reciben comida y al menos atención médica primaria. Se estima que hasta fin de año, habrán entrado a Israel por la frontera sur 20.000 ilegales en todo el 2012.

Y aunque eventualmente la barrera funcione, no solucionará el problema de los más de 60.000 que ya están en Israel.

Las autoridades están en contacto con países africanos y con un tercer país aún no revelado, para tratar de derivarlos hacia allí. Mientras tanto, el desafío crece diariamente, y aunque se habla mucho, nadie ha propuesto una solución concreta y eficaz que sirva tanto a la sociedad israelí como a los ilegales que llegaron buscando trabajo y un horizonte mejor.

Lo claro es que la culpa de que el fenómeno haya alcanzado la envergadura actual, la tiene el gobierno. Claro que quien viola la ley es quien se infiltra sin autorización por la frontera. Pero la responsabilidad de lidiar con situaciones de este tipo y con todas sus derivaciones, la tienen las autoridades, tanto para impedir que continúe la infiltración, como para frenar a quienes consideran que saben, con violencia, cómo resolver la situación.

Fuente: Semanario Hebreo de Uruguay

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