Un tribunal de Jerusalén autorizó la decisión del ministerio de Interior de expulsar a alrededor de 1.500 ciudadanos de Sudán del Sur que se encuentran ilegalmente en el país y que gozaban hasta ahora de un estatus de «protección especial».

El tribunal de distrito de Jerusalén rechazó la solicitud de las organizaciones de Derechos Humanos para que se aplazara la aplicación de la orden de deportación, dictada por el ministerio el pasado 1 de abril. Los jueces estimaron que el Estado no está obligado a extender el asilo 'de facto' del que gozaban dichos inmigrantes.

Los solicitantes, según el tribunal, no demostraron que los deportados «arriesguen la vida o se expongan a daños graves» en caso de expulsión, coincidiendo en ello con las estimaciones de los representantes diplomáticos israelíes en Sudán del Sur, un país que obtuvo la independencia en julio de 2011 después de décadas de guerra con su vecino del norte, Sudán.

El representante de Israel ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), William Tall, declaró que el fallo del tribunal de Jerusalén respalda la decisión de Interior de retirar el estatus de «protección colectiva» de que disponían los sursudaneses, sobre todo tras la finalización oficial de la guerra que mantenía su país con Sudán.

«Hemos recibido garantías del Gobierno de que, a título individual, seguirán teniendo la oportunidad de solicitar asilo», declaró Tall, quien precisó que las continuas disputas fronterizas entre Jartum y Juba podrían seguir justificando estas solicitudes.

A la espera de la decisión del tribunal, el ministro de Interior, Eli Yishai, había ordenado a las autoridades migratorias que empezaran a detener a los sursudaneses con vistas a su deportación.

Una portavoz del ministerio, Sabine Haddad, aseguró que los 1.500 inmigrantes podrían ser procesados para su deportación en un futuro próximo.

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