El ministro del interior israelí, Eli Yishai, pidió a la Autoridad de Inmigración y Población «encarcelar a los ciudadanos sudaneses del norte y eritreos que residen ilegalmente en Israel».

La orden, que entrará en vigor en próximo 15 de octubre, ya fue rechazada por grupos de derechos humanos quienes tildaron la medida como «cruel».

Según informó la oficina del ministro, hasta ser aplicada la medida, el ministerio «proporcionará asistencia a los inmigrantes africanos que deseen abandonar el país voluntariamente».

El ministro dijo que la medida «es un paso más en la evolución de las palabras a la acción en el tema de los infiltrados. Los que quieren seguir hablando y se encontrarán en el futuro frente a una comisión de investigación sobre la pérdida de Israel, puede continuar haciéndolo. Quienes desean trabajar para asegurar un Estado judío y sionista para nuestros hijos, deben actuar. Yo decidí actuar».
 
El ministro también declaró al Canal 2 de TV local, que «vamos amargar la vida de los infiltrados hasta que se vayan». Frente a esas afirmaciones, la ONG Amnistía Internacional también calificó la medida de «cruel» y aseguró que viola los compromisos internacionales firmados por Israel.
 
«Las autoridades israelíes están muy conscientes de que no pueden deportar a los solicitantes de asilo procedentes de Eritrea y Sudán, debido a que sus vidas están en peligro real», señaló un funcionario de la organización de derechos humanos. «Es lamentable que Israel elige este momento para hacer caso omiso de la realidad».
 
Por su parte, el fiscal Oded Feller, que dirige la División de Inmigración y de Estado de la Asociación por los Derechos Humanos en Israel, acusó a las autoridades israelíes de inhumanidad.
 
«Si Israel podría enviar a personas de regreso a Sudán, lo habría hecho hace mucho tiempo. La razón por la que los solicitantes de asilo - incluidos los supervivientes del genocidio en Darfur - aún no han sido deportados a Sudán es que no hay una manera práctica de volver allí. Sólo una persona que ha perdido su humanidad puede obligar a los solicitantes de asilo y a sus hijos a hacer frente a este dilema cruel: arriesgar sus vidas al regresar o ser encarcelado por muchos años», aseguró.

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