El Parlamento israelí aprobó una ley que permite a las autoridades detener a inmigrantes ilegales en el país durante un año sin ninguna causa penal, poco después de que la Corte Suprema derogara una norma similar que permitía este tipo de detenciones durante tres años.

La legislación aprobada dispone de un período máximo de detención de un año destinado a nuevos inmigrantes ilegales. A pesar de que la nueva valla instalada en la frontera sur disminuyó efectivamente el flujo de personas que cruzan desde el Sinaí, la norma también tendrá cierto impacto en algunos de los cerca de 50.000 sudaneses y eritreos que ya se encuentran en el Estado judío.

Según la nueva regulación, que los opositores también prevén llevar ante el Tribunal Supremo, las autoridades tendrán la capacidad de enviar a los inmigrantes ilegales que ya se encuentran en territorio israelí a lo que el Gobierno describió como «instalaciones abiertas».

Bajo esta ley, las detenciones serán abiertas y quedarán pendientes de sus solicitudes de asilo, de la emisión de las órdenes de deportación o de la repatriación voluntaria. La primera de este tipo de instalaciones, con capacidad para varios cientos de personas, estará operativa esta semana en el desierto del Negev en el sur del país.

Los inmigrantes ilegales detenidos en estos emplazamientos tendrán permiso para estar ausentes durante el día, aunque deberán volver cada noche y no podrán buscar empleo. Mujeres, niños y familias no serán enviados a este tipo de centros, y les facilitará, por ley, servicios sociales y sanitarios.

Los críticos y detractores de esta nueva legislación aseguraron que estos centros, a efectos prácticos, son cárceles y denunciaron esta medida por ser antidemocrática. Sin embargo, los diputados que apoyan esta nueva norma justificaron que lo hacen en defensa del carácter judío de Israel.

«Esta ley es necesaria para detener a potenciales infiltrados. La realidad actual es una bomba de tiempo», afirmó la presidenta de la comisión de Interior del Parlamento, Miri Regev del Likud, partido que lidera elel primer ministro Binyamín Netanyahu.

«Si dependiera de mí, los enviaría a todos de regreso a su país», agregó Regev durante el largo y efusivo debate parlamentario.

Tamar Zandberg, diputada de oposición del partido de izquierda Meretz, le respondió: «Usted hubiera colocado a Nelson Mandela en un centro de detención».

También la líder de Meretz, Zehava Gal-On, señaló que 50.000 inmigrantes ilegales no pueden amenazar la identidad judía de Israel. «¿Es así como nosotros, gente que pedimos asilo en el pasado, tratamos a los seres humanos justo en el Día de los Derechos Humanos?», preguntó retóricamente.

El Gobierno hebreo considera a los inmigrantes como demandantes de empleo ilegales, mientras los defensores de Derechos Humanos y los diputados opositores tienen una perspectiva diferente, y los ven como personas que solicitan asilo huyendo de las dificultades y de la persecución en sus países de origen.

Desde que la Corte Suprema derogó en septiembre la anterior legislación, 700 de los 1.700 inmigrantes detenidos en una prisión del sur de Israel fueron liberados. El resto deberán ser trasladados a las nuevas instalaciones abiertas esta semana, según informó un portavoz de los Servicios Penitenciarios, responsables de llevar a cabo la nueva ley.

Decenas de miles de africanos todavía habitan en ciudades como Tel Aviv, Eilat y otras localidades israelíes.

Israel intentó persuadirles para que abandonen voluntariamente el país a cambio de un pago. Gracias a este monto ofrecido por el Gobierno, algunos de los sudaneses y eritreos regresaron a sus hogares durante este año, según datos del ministerio del Interior.

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