A medio año de la multitudinaria marcha de los «indignados» israelíes, continúan las demandas por justicia social. A pesar de los esfuerzos del economista argentino Manuel Trajtenberg por ofrecer una solución sistémica a la inequidad, la incapacidad del gobierno de Netanyahu para reducir el costo de vida encuentra su columna vertebral en el sector inmobiliario.

Mientras la cuarta parte de los egresos familiares en Israel se destinan a cubrir los costos residenciales, los conflictos de intereses dentro de la coalición gobernante, convierten a los planes públicos de construcción de viviendas sociales en una quimera. ¿Por qué el actual gobierno israelí es incapaz de reducir los precios de las viviendas? ¿Cuáles son los verdaderos intereses que subyacen tras las demandas sociales? Más allá de enconos y demagogias, es posible divisar algunas respuestas.

Esacsez de viviendas  

La principal razón del déficit habitacional israelí radica en la limitada oferta inmobiliaria. Con sólo 105 unidades habitacionales cada 100 familias, un ratio que se encuentra entre los más bajos del mundo desarrollado, Israel oferta 30.000 propiedades nuevas por año, frente a una demanda creciente superior a las 40.000 viviendas anuales.

A la escasez de oferta, se suma la gran cantidad de inmuebles adquiridos para inversión y que no se ofrecen como viviendas disponibles para alquiler. En la actualidad, según la Compañía Eléctrica de Israel, el total de propiedades deshabitadas asciende a 47.000 unidades.

El origen de este fenómeno radica en que, durante la última década, el Estado judío se convirtió en un atractivo destino para inversores externos en bienes raíces, deseosos por diversificar el riesgo de sus carteras inmobiliarias locales. Las ventajas que Israel ofrece al inversor extranjero, entre las que se destacan las exenciones impositivas para ciertas compras, el bajo riesgo de pérdida de valor y la alta seguridad jurídica, contribuyeron a reforzar una demanda de propiedades que, a lo sumo, son utilizadas un par de veces al año, por la familia del inversor.

Falta de incentivos  

La perspectiva económica neoliberal de Netanyahu, sustentada en promover privatizaciones y reducir el tamaño del Estado, queda en el tintero cuando se trata de resignar los jugosos ingresos que el fisco recibe del sector de bienes raíces: Los ingresos anuales del gobierno en concepto de tasas e impuestos inmobiliarios superan, en la actualidad, los 1.800 millones de dólares. La expansión de la oferta inmobiliaria mediante construcción de viviendas sociales podría mermar los precios de mercado, que a la vez contraería la recaudación pública proveniente del sector, en un momento en el que el c requiere de colchón económico, para afrontar la incertidumbre que generan la amenaza nuclear iraní y la inestable situación política del mundo árabe.

Cabe registrar que, durante los últimos cuatro años, los valores de las viviendas israelíes aumentaron en promedio más del 50% y el costo de la construcción acompañó la tendencia; de modo que la baja de precios tampoco sería bien recibida por el sistema bancario ni por las empresas constructoras, ambos sectores, socios en el financiamiento de las obras edilicias que actualmente se encuentran en marcha. Una baja de precios obligaría a vender propiedades a estrenar por debajo del costo de construcción o bien, que el constructor resigne una parte de su rentabilidad, cercana al 20%. La medida crearía incentivos a frenar futuras inversiones, limitando la oferta de propiedades y reemplazando la actual inversión privada por inversión estatal.

El interés central de los bancos de sostener los actuales valores inmobiliarios radica en garantizar el retorno de las hipotecas ya otorgadas. El Banco de Israel está atento a que los activos físicos no pierdan excesivo valor, de modo de evitar espirales similares a las que provocaron la implosión de las burbujas inmobiliarias de Estados Unidos, España e Irlanda.

Una de las incógnitas fundamentales es si la baja de precios verdaderamente beneficiaría a la mayoría de los «indignados» en Israel. Según la consultora TrendIT, el 49% de los participantes de la «Marcha del Millón» pertenecía al 30% más rico de la sociedad, y el 87%, a la mitad más pudiente del país. Si bajaran los precios inmobiliarios, estos mismos estratos sociales que, por lo general ahorran en «ladrillos», experimentarían una reducción en el valor neto de sus activos, por lo que serían más pobres.

Cambiar el paradigma 

Las recomendaciones de la Comisión Trajtenberg de construir 200.000 viviendas durante los próximos cinco años para disminuir el costo de la vivienda, eje central de las demandas sociales, frenarían el incremento de precios del sector a corto plazo pero difícilmente lograrán contener el aumento a largo plazo que, desde el año 1968 a la actualidad, se estima anualmente en 2% más inflación.

A pesar de los estrepitosos reclamos, a casi todos los israelíes les conviene que los precios de las viviendas se mantengan o suban, entre ellos el fisco, los bancos, los constructores y los propietarios de inmuebles, incluidos los manifestantes de Tel Aviv. En consecuencia, resulta probable que en los próximos meses, observemos la puesta en marcha de un conjunto de medidas estatales orientadas a desregular las operaciones inmobiliarias que beneficien a los inversores, locales y externos, para la compra de propiedades en Israel.

En cualquier caso, los mayores desafíos se presentarán en el frente externo. Los posibles defaults europeos restringirían el crédito disponible y tendrían efectos recesivos sobre la economía israelí. La demanda de propiedades se contraería levemente a corto plazo, reforzada por un aumento de las restricciones para el acceso a nuevas hipotecas.

Quienes al observar las protestas sociales en Israel se ilusionaron con la revolución del proletariado, deberían cambiar de paradigma. Los «indignados» israelíes no pertenecen a los sectores más necesitados, ni reclaman justicia social desde una perspectiva solidaria, sino que lo hacen desde una lógica estrictamente capitalista y fundada en la idea que los que más impuestos aportan, deben ser los que más reciban.

Lejanos aquellos generosos tiempos de «A cada cuál según su capacidad y a cada quién según su necesidad», la actual indignación israelí se parece más a una hamburguesa de McDonald's que al marxismo light.