«Felicitamos la decisión del presidente electo Mauricio Macri, de impulsar la derogación del memorándum entre Argentina e Irán», expresaron fuentes diplomáticas israelíes.

«Irán ya mostró que no es un interlocutor confiable. Consideramos que no tiene ni tuvo la intención de colaborar en la búsqueda de la verdad en la investigación que tiene a ciudadanos iraníes como sospechosos de ser los autores intelectuales del ataque contra la AMIA», añadieron en la embajada de Israel en Buenos Aires.

El anuncio fue celebrado no sólo por el gobierno israelí, sino también por la dirigencia de DAIA y AMIA, contraria al acuerdo. Y cuenta además, con el respaldo de legisladores de Sergio Massa y el GEN de Margarita Stolbizer, dispuestos a votar a la derogación de este acuerdo firmado en enero de 2013.

De hecho, el líder de UNA, Sergio Massa, ya se había pronunciado en contra del acuerdo, al que calificó como «sinónimo de impunidad y aislamiento internacional».

El texto del memorándum, con una redacción polémica, facultaba a la Justicia argentina para tomar declaración a los supuestos responsables del ataque terrorista a la AMIA en 1994, siempre y cuando el gobierno iraní lo autorizara, y los funcionarios de ese país estuvieran presentes, entre otras peculiaridades.

Además, debía ser aprobado por los dos países, y aunque la presidenta Cristina Kirchner se esforzó porque se apruebe sin modificaciones en tiempo récord, Teherán nunca lo trató en su Parlamento.

El apuro presidencial por tratar el acuerdo no tenía explicación diplomática o judicial, hasta que el fiscal fallecido Alberto Nisman, denunció ante la Justicia que el memorándum había sido un instrumento del Gobierno para encubrir a los autores del atentado a la AMIA. Nisman murió misteriosamente cuatro días más tarde de formular tremenda denuncia.

Desde entonces, lo firmado tuvo también un recorrido judicial no menos controvertido, ya que el Gobierno argentino se esforzó por lograr que se diriman en su favor los planteos sobre la constitucionalidad del memorándum, presentados en la Justicia.

La última movida en esa dirección fue la reciente remoción del juez Juan Carlos Germignani, cuando estaba a punto de fallar sobre la cuestión, presumiblemente no con el final deseado por la presidenta.

Hace dos semanas, el fiscal general de Casación Penal, Raúl Pleé, presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se suspenda la remoción de Gemignani.

De hecho, cuando a mediados de año, estuvo a punto de resolverse la causa, el Consejo de la Magistratura, dio por terminada la subrogancia de Luis María Cabral, a sabiendas de su postura contraria al acuerdo. Así de enrevesadas están las cosas.

Pero el titular de la DAIA, Julio Schlosser hizo una sugerencia al electo presidente. Señaló que «el sólo hecho de darles una orden a los letrados del Estado de desistir de la apelación ante la Cámara Federal de Casación Penal, al fallo favorable al recurso de amparo, interpuesto oportunamente por la AMIA y por la DAIA dejaría firme la inconstitucionalidad del Memorándum sin recurrir a un procedimiento legislativo».

Como sea, el memorándum con Irán parece tener un final anunciado. Su inconstitucionalidad o su derogación tendrán, además, el reconocimiento al trabajo del fiscal Alberto Nisman, quien apareció muerto en su departamento hace ya diez meses, sin que la Justicia que él mismo integró, avance en un esclarecimiento básico: si fue o no fue un asesinato.

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