La Autoridad Palestina (AP) dará este jueves en La Haya el primer paso hacia «el fin de la impunidad israelí», según avanzó en Ramallah, en la víspera de la presentación ante la Corte Penal Internacional (CPI) de pruebas sobre supuestos crímenes de guerra cometidos por Israel.
«Estamos presenciando el principio del levantamiento de la impunidad de la que Israel disfruta desde 1948», la fecha de su creación, aseguró en Ramallah el miembro del Alto Comité Nacional Palestino, Mustafa Barghouti, a cargo del proceso de recopilación de las alegaciones que el ministro de Exteriores palestino, Riad al Malki, entregará este juves personalmente en la CPI.
El pasado enero la AP solicitó su adhesión al tribunal, tras el fracaso del proceso negociador con Israel y su decisión de apostar por la internacionalización del conflicto, que la llevó a solicitar la adhesión a numerosos acuerdos y tratados.
La petición se hizo efectiva en abril y abrió la puerta a esta corte a juzgar crímenes de guerra o contra la humanidad cometidos en los territorios palestinos militarmente ocupados, además de dar la opción a la AP de poder referir casos.
También en enero el liderazgo de la AP decidió acogerse al artículo 12.3 para dar jurisdicción retroactiva al tribunal desde el 13 de junio de 2014, fecha del secuestro y asesinato de tres estudiantes israelíes perpetrados por miembros de Hamás que desembocó en la ofensiva israelí «Margen Protector» contra dicha organización terrorista en Gaza.
Tras su adhesión a la corte y por iniciativa propia, la fiscal del tribunal Fatou Bensouda decidió abrir un examen preliminar sobre posibles violaciones o crímenes de guerra cometidos en la AP que podría derivar en una investigación formal en el caso de que se encontraran evidencias suficientes.
La AP creó un comité para recopilar información sobre violaciones del derecho internacional, que se centró en cuatro temas: la campaña militar iniciada en junio tras el secuestro de los jóvenes judíos, la posterior ofensiva contra Hamás en Gaza, los asentamientos judíos en Cisjordania y los presos palestinos encarcelados por Israel.
La entrega de este jueves «representa una primera tanda de información y nuestra contribución a la oficina del fiscal para convencerle de que Israel cometió crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad», explicó Barghouti en una rueda de prensa.
La AP espera que, con esta documentación, la Fiscalía decida seguir adelante y dar inicio a una investigación criminal.
«Nuestras pruebas, que incluyen la destrucción de infraestructuras, ataques a civiles, uso desproporcionado de la fuerza militar, castigo colectivo, limpieza étnica, persecución, arrestos arbitrarios y tortura, pretenden demostrar que las violaciones israelíes fueron extensas y continuadas», explicó el veterano líder palestino.
«Estas violaciones son resultado de una política predeterminada, intencional, sistemática y generalizada», acusó.
El objetivo de la AP en la CPI será apuntar a la responsabilidad de «las esferas más altas de las cúpulas militar, política, económica del Estado israelí».
Una vez presentada la documentación, al ser un proceso iniciado «motu proprio» por la Fiscalía, será Bensouda quien decida si cuenta con evidencias suficientes y quién y qué debe ser investigado por el tribunal.
Israel decidió no colaborar con la CPI y no respondió a sus preguntas, argumentando que la corte no tiene legitimidad para investigar porque entiende que la AP no es un estado reconocido.
La corte incluye en su examen posibles crímenes palestinos, que podrían ser juzgados por el lanzamiento de cohetes por parte de los grupos terroristas de Gaza contra población civil israelí.
Un reciente informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU publicado esta semana constató que tanto Israel como los grupos terroristas palestinos pudieron incurrir en crímenes de guerra durante el conflicto del pasado verano.
La AP quiere ver a altos cargos israelíes sentados en el banquillo en La Haya y advirtió de que, si este examen preliminar no deriva en la apertura de una investigación criminal, harán uso de su derecho como miembro de la corte para pedir la investigación de casos particulares.
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