La Asamblea Nacional francesa aprobó una reforma constitucional impulsada por el gobierno tras los atentados islamistas radicales del 13-N en París y que hará posible despojar de la nacionalidad a condenados por delitos graves contra la nación, en medio de persistente polémica en torno al proyecto.
La reforma, propuesta por el primer ministro Manuel Valls, luego de los ataques del Estado Islámico (EI) del 13 de noviembre pasado, fue aprobada por los diputados con 317 votos a favor, 199 en contra y 51 abstenciones.
La medida reveló profundas grietas en el gobernante Partido Socialista (PS) del presidente François Hollande, pero también en el mayor partido de la oposición, Los Republicanos (LR), muchos de cuyos diputados se oponen a estas medidas.
Numerosos dirigentes de izquierda expresaron su indignación ante el proyecto y se negaron a votarlo, mientras que la ministra de Justicia, Cristine Taubira, el rostro más progresista del gobierno de Hollande, renunció el mes pasado en protesta por la iniciativa. Valls justificó la necesidad de la reforma ante la amenaza del islamismo.
«Porque estamos en guerra, debemos unirnos. Éste es un gran día para la República, para la unidad, para Francia y para la lucha contra el terrorismo», señaló.
La reforma, en su totalidad, aún está lejos de estar aprobada. El paquete debe recibir ahora el respaldo del Senado, la Cámara alta del Parlamento, y luego el apoyo de las tres quintas partes del Parlamento reunido en sesión bicameral, algo que en Francia se conoce como «Congreso».
La pieza legislativa se compone de dos puntos: el primero se añade al artículo 36 de la Carta Magna para introducir en ella las condiciones en que podrá decretarse el estado de emergencia en Francia, actualmente en vigor y en proceso de ser prorrogado tres meses.
El segundo epígrafe, el más polémico, enmienda un párrafo del artículo 34 de la Constitución para determinar que «la ley fija las reglas sobre las condiciones bajo las cuales una persona podrá ser despojada de la nacionalidad francesa cuando sea condenada por un delito que constituya un ataque grave contra la vida de la nación».
Al mismo tiempo que se realizaba la votación, se conoció que el canciller francés, el veterano político socialista Laurent Fabius, renunció al gobierno.
La esperada remodelación del elenco de colaboradores se anticipa en un momento en que Hollande sufre una fuerte caída de su imagen entre los ciudadanos y entre varios de sus ministros que le cuestionan los planes de su gobierno de despojar de la ciudadanía francesa a las personas condenadas por «terrorismo».
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