Israel continuará negociaciones para hallar una fórmula legal retroactiva que impida desmantelar el barrio de Ulpana, en el asentamiento judío de Beit-El, en Cisjordania.El mantenimiento de los debates fue el único acuerdo adoptado por ministros y letrados de un mini-gabinete especial, con el propósito de evitar la demolición del referido puesto de avanzada ilegal, ordenada por una sentencia de la Corte Suprema.
El debate estuvo presidido por el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, y en él participaron, además, el recién nombrado ministro y jefe del partido Kadima, Shaul Mofaz, así como el titular de Defensa, Ehud Barak, otros ministros, el fiscal general y militares.
La Corte Suprema negó el pedido del Estado de que se revisara el caso y se aplazara el desalojo de los residentes en Ulpana, por lo que fijó el 1 de julio como fecha límite para su demolición.
«Los asentamientos están destruyendo la esperanza», alertó el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbás, al señalar que la política de judaización aplicada por Netanyahu es el principal obstáculo para reanudar las conversaciones directas de paz.
El presidente de la Knéset, Reuvén Rivlin, abogó por aprobar una legislación que corrija con carácter retroactivo la transgresión del mencionado barrio y evada la demolición, tal como se hizo con otros poblados de beduinos israelíes en el sur.
Por el contrario, la líder del partido Meretz, Zehava Gal-On, fustigó que se trate de favorecer a colonos judíos, mientras «el resto de la población israelí no logra leyes especiales», y advirtió que una acción retroactiva estimulará a otros extremistas a quebrantar la legalidad.
El canciller, Avigdor Liberman, defendió una normativa que burle el fallo de la Corte Suprema para impedir la demolición, tema que junto al de una ley que exime alistarse en el Ejército a judíos ultraortodoxos valoró de pruebas más importantes de la nueva coalición de gobierno.
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