El ministerio de Exteriores israelí calificó este jueves de «unilateral y sesgado» el informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que se advierte de que la política de asentamientos judíos en Cisjordania viola la Cuarta Convención de Ginebra y constituye un crimen de guerra que entraría en la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI) y advirtió de que perjudica las negociaciones de paz.

«El Consejo de Derechos Humanos se distingue, tristemente, por su enfoque sistemáticamente unilateral y sesgado respecto a Israel», denunció el portavoz del ministerio, Ygal Palmor. «Este último informe es otro desafortunado recordatorio de ello», agregó.

«El único modo de resolver todas las cuestiones pendientes entre Israel y los palestinos, incluida la cuestión de los asentamientos, es mediante tratativas directas sin condiciones previas», subrayó Palmor.

«Medidas contraproducentes, como el informe, solo obstaculizarán los esfuerzos para encontrar una solución sostenible al conflicto israelí-palestino», advirtió.

El equipo de investigación fue autorizado en marzo de 2012 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a fin de examinar la política de asentamientos de Israel en Cisjordania y y la edificación en Jerusalén Oriental. El Gobierno israelí se negó en todo momento a colaborar con los funcionarios de la institución.

El informe del equipo, presidido por la juez francesa Christine Chanet, exigió a Israel, «en cumplimiento del artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra», que ponga fin a su política de asentamientos «sin condiciones» e inicie «inmediatamente la retirada de todos los asentamientos judíos en Cisjordania».

Asimismo, el reporte denunció que los asentamientos están posibilitando «una anexión progresiva de facto que impide la creación de un Estado palestino viable" y socava el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación».

El consejo recordó que la contravención de la normas de las Convenciones de Ginebra que prohíben el traslado de población civil a territorios ocupados militarmente podría constituir un crimen de guerra y entrar, por tanto, en las competencias del TPI.

Por ello, según el informe, la posible ratificación del Estatuto de Roma, por el que se rige el TPI, por parte de Palestina - recientemente reconocida como Estado observador no miembro por la Asamblea General de la ONU - podría conducir a «un proceso de rendición de cuentas por graves violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario».

Según el consejo, desde 1967, Israel estableció alrededor de 250 asentamientos judíos en Cisjordania y en Jerusalén Oriental, que hoy en día tienen una población en conjunto de 520 mil habitantes.

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