«Hay evidencias razonables para creer que se utilizaron armas químicas en Siria», afirmó por primera vez la Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria que encabeza el asesor diplomático brasileño, Sergio Paulo Pinheiro.En rueda de prensa sobre el reciente informe de la comisión, Pinheiro reconoció que no pudieron identificarse los agentes precisos, los sistemas de ataque o sus autores, pero aseguró que son evidencias provenientes de entrevistas a testigos, víctimas, refugiados y médicos.
El diplomático consideró posible que tanto el Ejército sirio como los rebeldes hayan utilizado esas armas prohibidas por el derecho internacional humanitario y cuyo uso constituye un crimen de guerra según el Estatuto de Roma, aunque su empleo por los rebeldes no está comprobado.
«A medida que el conflicto se intensifica, el potencial para el uso de armas químicas es de creciente preocupación», señaló el informe.
El documento precisó que se recibieron denuncias sobre estas armas por parte de ambos bandos, pero la mayor preocupación en sobre las fuerzas gubernamentales.
La ONU recibió denuncias sobre estos ataques en Khan Al-Asal, Aleppo, ya el pasado 19 de marzo. En Uteibah, Damasco, el 19 de marzo. En Sheikh barrio Maqsood, Aleppo, 13 de abril y en Saraqib, Idlib, el 29 de abril, pero sin evidencias completas.
Pinheiro explicó que a falta de un ataque a gran escala, conclusiones sobre estas acciones sólo se pueden alcanzar con muestras tomadas directamente de víctimas o en el sitio de la supuesta agresión.
Por lo tanto, estimó de suma importancia que Siria permita el ingreso del Grupo de Expertos, dirigido por el profesor Ake Sellström designado por el secretario general de la ONU Ban Ki Moon.
El informe también señaló que «el conflicto en Siria alcanzó nuevos niveles de brutalidad» y documentó por primera vez la imposición sistemática de sitios, el uso de agentes químicos y el desplazamiento forzoso.
El documento abarca del 15 de enero al 15 de mayo de este año con base en 430 entrevistas y la recolección de evidencias desde fuera del país, pues Damasco no permite el acceso de los integrantes de la Comisión.
El informe sostiene que tanto las fuerzas gubernamentales como los grupos rebeldes cometieron asesinatos, torturas, violaciones, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, arrestos y detenciones arbitrarias, ataques ilegales, ataques de lugares protegidos, pillaje y destrucción de la propiedad.
Para Pinheiro «ninguna de las partes podrá salir victoriosa por la vía militar», y deploró que los implicados cometieron brutalidades de la misma naturaleza aunque con distinta intensidad.
El informe estimó en 4.25 millones de personas a los desplazados internos y en más de un millón y medio a los refugiados, además de 19 millones de personas que viven en el país. Al mismo tiempo advirtió que habrá un costo mayor de pérdidas humanas si se aumenta la disponibilidad de armas, especialmente las modernas.
«Los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad se convirtieron en una realidad cotidiana en Siria, donde los relatos desgarradores de las víctimas cauterizan nuestras conciencias», recalcó Pinheiro.
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