El Parlamento israelí, así como asesores legales del Gobierno, tratan de impedir a último momento el parón completo de la actividad futbolística en el país tras el anuncio de la Federación Naciona Nacional de que en la próxima jornada no se disputará partido alguno en ninguna liga.
Una docena de diputados de varios partidos políticos presentaron un proyecto de ley para que los jugadores puedan trabajar durante el shabat, día en el que está prohibido toda actividad laboral.
El Proyecto autorizará por ley que la actividad deportiva no se tipifique como trabajo, de forma que los jugadores - aunque cobren - puedan disputar los partidos.
Las distintas ligas israelíes están bajo amenaza de un completo parón a partir del próximo fin de semana debido a la advertencia el mes pasado de una jueza de que los jugadores violaban la legislación laboral, al no disponer de la exención pertinente para trabajar en shabat.
La ministra de Cultura y Deportes, Miri Regev, exhortó en una rueda de prensa al diálogo entre todas las partes para resolver el problema, que se complicó después de que 240 jugadores de primera división firmaron una petición en los últimos días en la que dicen preferir no jugar en sábado.
Se trata de las mayoría de los jugares en todos los equipos, y en al menos dos la petición fue unánime.
La Federación Nacional y la Dirección de la Liga aseguraron que tras la advertencia judicial no violarán la ley, por lo que todos los encuentros - desde juveniles a profesionales - quedaron suspendidos de forma indefinida.
La caja de pandora la abrieron en agosto los jugadores de segunda división al presentar un recurso contra la decisión de los directivos de la Federación y de la liga de pasar sus compromisos al sábado, en lugar de jueves y lunes como era costumbre.
La decisión respondía a intereses económicos de patrocinadores y de difusión por televisión.
Regev, que se mostró a favor del diálogo, solicitó la intervención urgente del asesor jurídico del Gobierno israelí, Yehuda Wainstein, para que expida un certificado extraordinario de «incumplimiento de ley» durante 60 días, con el fin de impedir la suspensión de esta actividad deportiva hasta que todas las partes involucradas se sienten a negociar.
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