El primer ministro israelí, Binyamín Netanayhu, sopesa revocar el estatus de residencia en Israel a árabes de varios barrios de Jerusalén Este, una posibilidad a la que se oponen varios de sus ministros.
La medida, que está aún en estudio, afectaría a unos 80.000 árabes, de los más de 370.000 que viven en el término municipal de Jerusalén aprobado por el Parlamento israelí, que describe la urbe como capital «eterna y unificada» del Estado judío.
Netanyahu elevó su propuesta hace dos semanas ante el Gabinete de seguridad a raíz de la ola de violencia que sacude la región, y en la que más de quince terroristas de esos de barrios llevaron a cabo ataques contra la población.
«Debemos examinar la posibilidad de cancelar su residencia. Debemos celebrar un debate sobre el tema», dijo Netanyahu a sus ministros según informó «Haaretz».
Algunos de los ministros dijeron al diario «Israel Hayom» que se sorprendieron de la idea porque significaría un paso más hacia la división de la ciudad.
«Es una decisión de gran alcance que requiere un referendo, porque supondría entregar territorio soberano», dijo en la reunión el titular de Transporte, Israel Katz, en referencia a que la parte este de Jerusalén fue anexionada por ley en 1980 y está considerada por la legislación local como territorio soberano israelí.
El estatus de residente ofrece a los civiles de esos barrios moverse con libertad por todo el territorio de Israel, a diferencia de la población de Cisjordania que requiere de permisos especiales.
La Dra. Hanán Ashrawi, veteran representante de la Organización para la Liberación Palestina (OLP), dijo que la medida, en caso de convertirse en realidad, privaría a los palestinos que viven en Jerusalén de derechos y servicios básicos y provocaría enfrentamientos.
«Esta medida inhumana e ilegal debe ser detenida de inmediato», dijo Ashrawi.
Asimismo, el secretario general de la OLP, Saeb Erekat, advirtió que existe el riesgo de una «limpieza étnica».
Según «Haaretz», la propuesta formaba parte del paquete de medidas estudiado, y luego aprobado en parte, por el Gobierno israelí para frenar la ola de violencia que comenzó el 1 de octubre, que se cobró las vidas de nueve israelíes y un regugiado eritreo confundido con un terrorista y un árabe-israelí que también murió ese día.
En el mismo período murieron 55 palestinos (la mitad de ellos terroristas), y más de 1.000 resultaron heridos en las protestas contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Cisjordania y Jerusalén Este.
El tema de Jerusalén es uno de los asuntos centrales en el conflicto de Oriente Medio y los palestinos consideran el este de la ciudad, incluida la ciudad vieja, su capital.
Algunas medidas adoptadas por el Gobierno israelí para frenar la violencia del último mes, entre ellas la colocación de un muro de separación en varios de esos barrios, ya habían generado una fuerte polémica a nivel interno por la interpretación que se le podía dar, y obligaron al primer ministro a cancelarla.
Según el Canal 2 local, la propuesta de revocar la residencia a los árabes de esos barrios, entre los que se cuentan Jabel Mukaber, Tsur Baher e Isawíe, no volvió a ser estudiada por el Gabinete de seguridad.
Sin embargo, sí lo fue la exigencia de revocar la residencia de cualquier atacante palestino, una posibilidad que ya existe desde 2011 pero que sólo el Tribunal Supremo puede decidir sobre ella.
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