Israel sopesa presentar una demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre la reciente directriz de la Unión Europea (UE) para el nuevo etiquetado de productos fabricados en Jerusalén Este, Cisjordania y el Golán.
Fuentes oficiales israelíes confirmaron que existen «debates internos» sobre el tema, aunque todavía no se tomó ninguna decisión concreta, informó «Haaretz».
Los ministros israelíes de Seguridad Interior y Justicia, Gilad Erdán y Ayelet Shaked, estarían liderando un debate en el seno del Ejecutivo para demandar a la UE, decisión a la que se opone el primer ministro Binyamín Netanyahu, responsable por las carteras de Exteriores y Economía.
El rotativo, que cita a fuentes israelíes vinculadas al ministro Erdán, señala que éste sugirió que Israel reaccionara a la directriz aprobada hace más de una semana con una demanda contra los Veintiocho ante la OMC, alegando que dicho etiquetado «viola los principios de la organización».
El Ministerio de Justicia ve con buenos ojos la propuesta, mientras que Exteriores y Economía creen que las posibilidades de éxito son pocas «y podría causar más daño que beneficio», llevando a un proceso de politización en el seno de la OMC que condujera a los países árabes a formular demandas similares que acabaran con el boicot a los productos de los asentamientos, señala el medio.
Hace una semana, la UE dio a conocer las reglas sobre el etiquetado de productos elaborados en territorios ocupados en 1967, que incluyen Cisjordania, Jerusalén Este y el Golán.
La norma exige que los productos procedentes de dichos sectores no señalen «Made in Israel», dado que ningún país de la UE reconoce esas zonas como israelíes.
Netanyahu, criticó con dureza la directiva, que tachó de «hipócrita y de doble rasero», e Israel anunció la suspensión de algunos encuentros bilaterales con la UE, en especial en foros de derechos humanos y que aborden relaciones con los palestinos.
La diplomacia israelí hizo pública una nueva reacción en forma de medidas para endurecer o degradar la relación bilateral con representantes diplomáticos de 16 estados miembros de la UE que apoyaron la directriz.
Las medidas diplomáticas afectarán a Reino Unido, Francia, España, Dinamarca, Irlanda, Croacia, Malta, Holanda, Suecia, Portugal, Eslovenia, Italia, Luxemburgo, Austria, Bélgica y Finlandia.
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