El ministro israelí de Justicia, Yaakov Neemán, presentará un proyecto de ley al Parlamento para limitar los poderes de la Corte Suprema e impedir que use la inconstitucionalidad a su libre albedrío como freno a leyes aprobadas.

Bajo el título de «Ley Básica: Legislación» el ministro Neemán quiere ordenar, por primera vez en la historia de Israel, las relaciones entre los poderes judicial y legislativo, de forma que si el primero bloquea una ley como inconstitucional el segundo pueda redactarla de nuevo y pedir una nueva votación.

El proyecto de ley establece que la Corte Suprema sólo pueda anular leyes con un tribunal formado por al menos nueve jueces en el que bastará la mayoría simple.

Pero en ese caso, el Parlamento tendrá la última palabra con una mayoría de 65 diputados para el proyecto enmendado que, esta vez sí, será inapelable ante el poder judicial. Este tipo de leyes tendrá una validez de cinco años prorrogables.

El reordenamiento, que por otro lado incapacitará a los tribunales de Paz y de Distrito en la anulación de leyes, se inspira en un proyecto conjunto hace diez años del actual ministro Neemán, y el que fuera entonces presidente de la Corte Suprema, Aharón Barak.

Conocido constitucionalista, Barak se enfrentó en numerosas ocasiones a los otros dos poderes del Estado de Israel para impedir la violación de los derechos individuales y civiles, dando prioridad casi inapelable a las Leyes Básicas del Estado judío (su protoconstitución) sobre cualquier otro tipo de ley.

La gran diferencia es que hace una década el proyecto establecía una mayoría de 70 diputados para cualquier ley que intentará pasar por encima de la máxima instancia judicial de Israel.

Debido a la ausencia de una constitución, las relaciones entre los tres poderes del Estado chocaron en numerosas ocasiones, en particular cuando la mayoría parlamentaria intentó traducir su agenda política en leyes que atentaban contra los derechos individuales o de un grupo minoritario.

Así, polémicos proyectos de ley en materia religiosa, inmigración o seguridad se encontraron con fallos judiciales que llegaron a desatar auténticas crisis institucionales y políticas entre laicos y religiosos, judíos y árabes, y entre grupos de derechos civiles y foros nacionalistas que apelaban al patriotismo para justificar sus iniciativas.