El fiscal federal argentino, Gerardo Pollicita, imputó a la presidenta Cristina Fernádez de Kirchner por la denuncia que hizo contra ella y otros funcionarios el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de que fuera hallado sin vida en su departamento.
La causa fue abierta tras la denuncia de Nisman sobre encubrimiento de iraníes involucrados en el atentado a la sede de la AMIA en julio de 1994 y que está radicada en el juzgado de Daniel Rafecas.
Así, Pollicita decidió dar curso a la acusación y requirió numerosas medidas de prueba para que se inicie de hecho una pesquisa al respecto.
El fiscal basó parte de su imputación a la presidenta y al canciller en la intención del Gobierno de dar de baja a las circulares rojas de Interpol y su interés comercial con Irán.
En su dictamen, Pollicita también hizo referencia a la «diplomacia paralela» de Luis D'Elía y el diputado Andrés Larroque, entre otros, que llevó adelante las negociaciones con Irán.
La denuncia de Nisman, hecha el 14 de enero, posee escuchas donde se habla de las relaciones del Gobierno con Irán. Igual, al decidir la imputación, Pollicita dio un paso menos que el que pretendía dar su fallecido colega, quien quería citar a declaración indagatoria a la primera mandataria.
En su resolución, Pollicita, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, señaló que «corresponderá en lo sucesivo iniciar la pertinente investigación con miras a comprobar, en base a los elementos de convicción que se vayan incorporando, la existencia del hecho y, consecuentemente, si el mismo puede ser penalmente reprochado a sus responsables».
«En principio, resultan imputados en la denuncia que dio inicio a las presentes actuaciones la Sra. Cristina Fernández de Kirchner -Presidenta de la Nación -, los Sres. Héctor Marcos Timerman -ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación -, Andrés Larroque - diputado nacional -, Jorge Alejandro 'Yussuf' Khalil, Héctor Luis Yrimia - ex Fiscal Federal -, Luis Ángel D'Elía, Fernando Esteche y un sujeto identificado como 'Allan' que sería Ramón Allan Héctor Bogado", detalló el fiscal.
«Esta confabulación habría sido orquestada y puesta en funcionamiento por las altas autoridades del Gobierno nacional argentino, con la colaboración de terceros, en lo que constituye un accionar criminal configurativo, según refiere la denuncia», continuó en su resolución el fiscal Pollicita.
Sin declaraciones sobre la imputación, la presidenta viajó a Santa Cruz donde permanecerá el fin de semana, mientras los principales voceros del Gobierno calificaron la decisión del fiscal de «maniobra de desestabilización democrática» y «operación voluminosa de golpismo judicial activo».
La oposición, en tanto, alertó sobre la «gravedad institucional» y destacó que «no es normal un país que tiene a la presidenta imputada y al vicepresidente, Amado Boudou, con doble procesamiento».
La causa está a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien estaba de licencia hasta el próximo 22 de febrero, pero decidió interrumpir sus vacaciones y el próximo miércoles estará de regreso en su despacho para comenzar a analizar el dictamen del fiscal.
Basado en la denuncia que Nisman presentó en enero, el fiscal sostuvo que «el acercamiento que llevó a la suscripción del Memorando, no ha sido motorizado por Irán sino que fueron las autoridades argentinas las que fomentaron el acercamiento con miras a materializar la maniobra reprochada», es decir, el supuesto encubrimiento.
«Resulta claro que los iraníes sólo firmaron el Memorando de Entendimiento por haber acordado que ello sería suficiente para dar de baja las notificaciones rojas de Interpol», sostuvo Pollicita.
Las acusaciones de encubrimiento contra la jefa de Estado y el canciller, entre otros imputados, que hizo hace un mes Nisman, fueron varias veces rechazadas por la Casa Rosada e incluso la propia Procuración del Tesoro la refutó, bajo el argumento de que no tenía sustento probatorio y que es «un entramado ficcional».
Para el fiscal también hay «numerosa evidencia que demuestra un fuerte interés comercial subyacente a las probadas acciones criminales direccionadas a garantizar impunidad, y que apuntaba a restablecer relaciones comerciales al nivel de los Estados».
Ante las inminentes versiones sobre la posible imputación de la presidenta, el Gobierno decidió presentar un escrito a través de la Procuración del tesoro rechazando la denuncia de Nisman y minimizando su sustento legal.
En simultáneo, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, calificó al hecho de «la operación más voluminosa de golpismo judicial activo que conozca la historia argentina», en tanto el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, había adelantado la postura oficial: se trata de «una clara maniobra de desestabilización antidemocrática».
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